Hace más de tres décadas Carole Pateman (1988) identificaba dos instituciones fundacionales del Contrato Sexual y la sujeción femenina: el matrimonio y la prostitución, las mujeres privadas y las públicas. Las privadas aseguraban la descendencia del varón en el marco de la unión matrimonial y, por tanto, no deben ni pueden ser de acceso público. Las segundas, definidas como públicas, garantizan el privilegio patriarcal de disponibilidad sexual de una mujer en cualquier momento y ocasión.  Frente a la mujer privada-buena, consagrada al esposo, a la familia y con una proyección pública de su honra y dignidad estrechamente vinculada al interdicto de su libertad sexual, la mujer pública-mala se construyó como un opuesto y complementario sexualizado. Pero, como señala Ekis Ekman (2013), la industria gestacional ha roto ese binarismo para reinventarse un nuevo modelo: la mujer “pública” buena, una solidaria gestante que cede su cuerpo, su capacidad reproductiva, pone en riesgo su salud y asume empáticamente las secuelas físicas y psicológicas de una hiperhormonación, un embarazo y un parto para cumplir los deseos de paternidad/maternidad de personas desconocidas cediendo, a través de una empresa intermediaria, la custodia y filiación de sus hijas/os.